[ACTUALIDAD DIARIA]

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Vulneración del derecho de reunión: prohibición de manifestaciones reiteradas que no ponen en peligro personas o bienes (STC 284/2005).

(publicado en Actualidad Diaria 878 el 21 de noviembre de 2006)

La asociación recurrente comunicó el 24 de enero de 2003 a la Delegación de Gobierno de Madrid su intención de manifestarse durante los días 4, 6, 11 y 13 de febrero de 2003, desde las 9:30 hasta las 11:00 horas y por el itinerario comprendido desde la esquina de la calle Génova con la plaza de Colón, hasta el núm. 13 de la mencionada calle, con el objetivo de apoyar el cumplimiento de los Acuerdos que posibilitaron el levantamiento del campamento del paseo de la Castellana que mantuvieron los trabajadores de Sintel. La Delegación de Gobierno de Madrid, por Resolución de 27 de enero de 2003, acordó prohibir tales manifestaciones alegando, en síntesis, que la reiteración en el ejercicio del derecho de reunión constituye, en sí, una alteración del orden público y que, según consta en los archivos de dicha Delegación, la problemática surgida en torno a la empresa Sintel había producido en Madrid las siguientes manifestaciones: 28 en el segundo semestre del año 2000, 134 en los meses de enero a agosto de 2001 y, convocadas por la ahora recurrente en amparo, 6 en el mes de noviembre de 2002. Por ello, entendió la Delegación de Gobierno que se estaba abusando del ejercicio del derecho de reunión.
El objeto del presente recurso es determinar si la resolución impugnada, al prohibir el ejercicio del derecho de reunión, ha vulnerado el mencionado derecho fundamental reconocido en el art. 21 CE, como así entiende la asociación demandante al haberle sido prohibido el ejercicio del mismo por la autoridad gubernativa, sin que se expusieran las razones constitucionalmente legítimas por las que no se permitió la celebración de las manifestaciones convocadas.
Debemos centrarnos, pues, en el análisis de la Resolución del Delegado del Gobierno de Madrid de 27 de enero de 2003, que prohibió la celebración de las cuatro manifestaciones convocadas, puesto que nos hallamos ante un recurso de amparo frente al acto administrativo (art. 43 LOTC), único acto en este caso que puede vulnerar de manera directa el derecho de reunión, ya que, a pesar de haber sido impugnada también la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo ha sido en cuanto que el órgano judicial no ha reparado la lesión alegada y es necesario agotar a la vía judicial antes de acudir ante este Tribunal. Sin embargo, dicha resolución judicial únicamente lesionaría el derecho de reunión de forma indirecta al no reparar la vulneración ocasionada por la autoridad gubernativa.
El Tribunal otorga el amparo solicitado y anula la resolución.